Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991, que es la figura política más importante de su país, Myanmar antes Birmania, desde finales de marzo de 2016 ocupa los ministerios de Exteriores, Energía, Educación y la Oficina de la Presidencia, además de ser una de las figuras más protegidas por el Departamento de Estado y la prensa internacional a nivel mundial, se ha visto obligada a impedir el arribo a su país de una misión de Naciones Unidas (ONU) para investigar las denuncias de asesinato, torturas y discriminación de la minoría ética musulmana Rohingya, ( Ver: Los Rohingya más allá del mar.) con una población cercana al millón de personas, en el remoto estado noroccidental Rakhine, donde viven hacinados en campos de concentración, despojados de todo tipo de derechos políticos y sociales, incluido trabajar, vivir en pareja y tener hijos. En esos campos la mayoría de los pobladores sufren de hepatitis B o C.
El gobierno birmano volvió a
negar las acusaciones de estar sometiendo al pueblo Rohingyas a un genocidio. Aunque recientes
denuncias han demostrado que el gobierno birmano en febrero último perpetró una
nueva matanza contra menores que fueron ejecutados con cuchillos y machetes, en
un nuevo capítulo de la operaciones de limpieza ética en el área de la
provincia de Rakhine que incluyó por parte de las fuerzas de seguridad
golpizas, desapariciones, violaciones colectivas, torturas y asesinatos,
también perpetrados contra la población adulta. La gente de Birmania, que es un
país de mayoría budista, ha visto durante mucho tiempo a los rohingyas como
inmigrantes ilegales de Bangladesh. (Ver: Rohingya, sin derecho a nombre).
Se calcula en cerca de 80 mil los
rohingyas que desde Rakhine huyeron, a Bangladesh el año pasado tras las
operaciones del ejército birmano. Por lo que en marzo, la UE pidió que una
misión examinara las denuncias de abuso en el norte del país.
Hace más de dos años los medios
internacionales relataron con detalle los padecimientos de este grupo racial y
religioso originario de Bangladesh, pero que desde hace por lo menos diez
siglos están instalados en la antigua Birmania.
Tras el estallido los
enfrentamientos en 2009 y 2012 entre
musulmanes y budistas, que fue la
eclosión de décadas de hostigamientos por parte de la larga y sangrienta
dictadura militar, el fundamentalismo
budista del grupo 969 y el ultranacionalista e islamofóbico Ma Ba Tha,
(asociación patriótica de Myanmar), recientemente ilegalizada, aunque ya actúa
encubierta bajo otro nombre, la persecución contra la minoría rohingya, obligó
a muchos de sus integrantes a lanzarse al mar en una desesperada huida sin
rumbo prefijado en embarcaciones improvisadas y obsoletas.
Así fue como miles de niños,
ancianos, mujeres y hombres a costa de sus propias vidas intentaron llegar a
países como Tailandia, Filipinas, Malasia e Indonesia, de donde también fueron
rechazados por las autoridades que les impidieron atracar, quedando al garete y
sin víveres, de aquellos nada se sabe tampoco.
Jamás se conocerá el número de
muertos de la gran huida de 2015 acontecimiento, que tras varias semanas de
atención por la prensa, se terminó hundiendo en la nada, sin que los rohingyas,
tuvieran una respuesta humanitaria, más allá de algún urgente y fallido
encuentro de países de la región.
Las autoridades de Naypyidaw
consideraron como “exagerado” el informe
de la ONU y negaron cualquier tipo de acusaciones tras haber destruido los
vestigios de las matanzas.
Mientras que dan como buena la
investigación encabezada por el ex teniente general y actual vicepresidente
Myint Swe, un hombre de la línea dura del ejército puesto en el cargo para
monitorear al presidente Htin Kyaw, un civil de máxima confianza de Aung San
Suu Kyi.
A su vez el mes pasado, la señora
Suu Kyi, en Bruselas sostuvo frente a los cuestionamientos de la Unión Europea
que no aceptará la resolución de la ONU y el envió de una comisión
investigadora: “La desconfianza entre las dos comunidades (budistas y
musulmanes) se remontaba al siglo XVIII y que lo que su país necesitaba era
tiempo” y que: “La resolución de la ONU había creado una mayor hostilidad entre
las diferentes comunidades”.
Recién llegados de toda la vida.
La comunidad de Myanmar, de
amplia mayoría budista un 89 % de los cerca de sesenta millones de habitantes,
ha considerado desde siempre a los rohingyas como inmigrantes ilegales
provenientes de Bangladesh. Asentados en el norte de la provincia de Rakhine y
que constituyen apenas un 4% del total de la población y que las diferente
dictaduras militares que asolaron el país, convirtieron en el enemigo jurado.
En 1982, la dictadura militar
dividió a la población en tres estamentos, los ciudadanos de pleno derecho de
la Unión de Myanmar, los reconocidos por asociación y otra por naturalización.
Siendo los musulmanes de Rakhine considerado como inmigrantes ilegales, que
llamados “bengalíes”, a pesar de que su presencia se remonta siglos atrás.
A los rohingya se les otorgó una
tarjeta temporal conocida como “tarjeta blanca”, que a pesar de ser
considerados como ciudadanos de segunda clase, se les permitía votar. En 2014,
el gobierno birmano puso en marcha un proceso de verificación de la ciudadanía
de las poblaciones musulmanas, y se había comprometido a naturalizar a las personas
que se registran como bengalí pero no como rohingya.
Aunque a partir del 31 de marzo
de 2015, las tarjetas blancas perdieron validez dejando a la comunidad rohingya
en un estado de inmigrantes ilegales, a pesar de poder constatar varias
generaciones en el país.
El poderos ejército de Myanmar,
conocido como Tatmadaw, desde 2009 ha
organizado la Border Guard Force (BGF) que actúa particularmente en la frontera
norte donde existe una fuerte presencia de carteles del opio, Myanmar es el
segundo productor mundial de opio detrás de Afganistán, junto a un importante
grupo de organizaciones armadas separatistas unas veinte en todo el país como
las Kachin Independence Army (KIA), T’ang National Liberation Army, National
Democratic Alliance Army (NDAA) Shan State Army (SSA) Myanmar National
Democracy Alliance Army (MNDAA) o la Shan State Arm. Que por momento junto al
Tatmadaw y los carteles del opio conforman alianzas netamente “comerciales”.
Esta situación ha convertido el
norte del país en una de las regiones más controladas y permite abiertamente el
abuso constante contra los rohingyas, que siguen huyendo de Myanmar, sin
encontrar refugio en ningún lugar. Por ejemplo Kutupalong es el mayor campamento
de refugiados rohingyas de Bangladesh, apenas cruzando el río Naf límite
natural entre ambas naciones, con una población aproximada de 70 mil personas,
a los que se les niega el rango de refugiados y que son denominados “ciudadanos
indocumentados de Myanmar”.
Los rohingyas siguen flotando en
la burocracia y el desinterés de las grandes potencias que esperan, como todo
el mundo, que finalmente se hundan en el olvido.
Fuente: HispanTv
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